La Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una operación en Cártama para paralizar parcelaciones urbanísticas ejecutadas en suelo rústico de especial protección en la zona conocida como Dehesa Alta en las que se estaban instalando edificaciones sin ningún tipo de licencia urbanística ni autorización administrativa. En concreto, se han precintado dos casas prefabricadas y se han abierto otras tres diligencias informativas de otras tantas viviendas.
Esta parcela, que se encuentra en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en el Paisaje Agrario Singular Regadíos del Guadalhorce, acoge una parcelación incipiente, habiéndose podido constatar, a través de la última imagen satélite disponible, de ahí la importancia de la medida cautelar provisional adoptada por los inspectores, que han estado asistidos por miembros de la Policía Autonómica.
De las visitas previas realizadas por los inspectores de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se concluyó que se trataba de una parcelación urbanística en suelo rústico preservado por la ordenación territorial y urbanística, conforme al artículo 99 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), en un ámbito con un evidente riesgo de formación de nuevos asentamientos, dada la existencia de parcelaciones urbanísticas consolidadas y una elevada densidad de viviendas en suelo rústico.
Casi la totalidad de los lotes resultantes de la parcelación, ahora precintada como medida cautelar, se encuentran vallados perimetrales con vallas y mallas para su ocultación, disponen de portones o cancelas metálicas de acceso rodado, acometidas eléctricas, instalaciones anexas de depósitos y almacenamiento, viario interior de acceso, viviendas prefabricadas, casetas y auto caravanas, que presentan un uso recreativo y/o residencial, todo ello ejecutado sin licencia urbanística.
A los propietarios que se han personado en el acto del precinto se les ha entregado diligencias de informativas, en las que se les advierte de las consecuencias que supone el incumplimiento de la orden de suspensión y de la rotura del precinto.
Desde 2019 hasta ahora se ha intensificado la actuación inspectora en el suelo rústico de Cártama, motivado por el incremento de infracciones detectadas, las denuncias de particulares y de cuerpos de seguridad (Seprona de la Guardia Civil y Policía Autonómica), y la colaboración y asesoramiento llevado a cabo en diligencias y procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio en curso.
Se tratan en su mayoría de nuevas parcelaciones urbanísticas que inducen la consolidación de elevadas concentraciones de viviendas y que conllevan la precariedad de servicios básicos, dada su naturaleza irregular.
Contexto y alcance de la intervención
La intervención responde a la necesidad de frenar parcelaciones en suelo rústico preservado por la ordenación territorial y urbanística, conforme al artículo 99 de la LISTA, ante el riesgo de formación de nuevos asentamientos y la densidad de viviendas ya presentes en dichas zonas.
La actuación ha involucrado a la Policía Autonómica para garantizar el control durante el precinto y la verificación de las condiciones de los inmuebles y de las infraestructuras asociadas, así como para documentar posibles infracciones administrativas y delitos contra la ordenación del territorio.
Edificaciones y usos observados
Se han precintado dos casas prefabricadas y se han abierto diligencias informativas por otras tantas viviendas. Casi la totalidad de los lotes presentan vallados perimetrales y elementos de ocultación, con portones de acceso y alternativas de almacenamiento, además de acometidas eléctricas y viarios interiores, junto a casetas y vehículos de uso recreativo o residencial sin licencias urbanísticas.
Las visitas y diligencias apuntan a un uso recreativo y/o residencial predominante, asociado a la ocupación irregular del suelo rústico y a la instalación de infraestructuras que no cuentan con la debida autorización administrativa.
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