Cuando un menor se enfrenta a un expediente de reforma en la Fiscalía de Menores, tanto él como sus padres suelen sentirse abrumados y desorientados. No estás solo si has recibido una citación o si tu hijo ha sido imputado en un procedimiento penal juvenil. El expediente de reforma es el procedimiento judicial que se inicia cuando un menor entre 14 y 18 años presuntamente comete una infracción penal. A diferencia del proceso penal de adultos, este procedimiento tiene una naturaleza fundamentalmente educativa y resocializadora, no punitiva. El camino que sigue un expediente de reforma en la jurisdicción de menores está claramente estructurado en la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM).
1. Todo comienza cuando llega una denuncia a la Fiscalía de Menores. Recuerdo el caso de Miguel, un chico de 16 años acusado de daños en mobiliario urbano. Sus padres llegaron a mi despacho pálidos, con la citación en la mano. Desistir de la incoación por corrección en el ámbito educativo (art. Derivar el caso a soluciones extrajudiciales como la mediación (art. 2. Una vez incoado el expediente, el Fiscal dirige la investigación. Se pueden adoptar medidas cautelares como libertad vigilada o internamiento provisional (art. Una de las particularidades más valiosas del procedimiento de menores es la posibilidad de finalizar el expediente sin llegar a juicio. El art. 19 LORPM permite que el menor se concilie con la víctima, le pida disculpas o repare el daño causado. Si esto ocurre satisfactoriamente, el Fiscal puede solicitar el archivo del expediente.
En otros casos, el menor puede comprometerse a realizar actividades educativas propuestas por el Equipo Técnico. En esta fase, es fundamental revisar minuciosamente todas las pruebas y construir una estrategia de defensa sólida. La audiencia concluye con las conclusiones definitivas del Fiscal, acusación particular (si existe) y la defensa. El Juez de Menores dicta sentencia valorando no solo los hechos probados, sino también las circunstancias personales, familiares y sociales del menor. Las medidas aplicables están recogidas en el art. Como abogado defensor, siempre busco que la medida sea proporcional y, sobre todo, beneficiosa para la reeducación del menor. Las medidas pueden modificarse durante su cumplimiento si resulta beneficioso para el menor (art.
La acusación particular tiene presencia en el procedimiento y se enfrenta a la defensa del menor, especialmente en casos en que exista una víctima mayor o capaz. Podrán personarse en el procedimiento como acusadores particulares, a salvo de las acciones previstas por el artículo 61 de esta ley, las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los que están, entre otros, los siguientes: a) Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento. b) Instar la imposición de las medidas a las que se refiere esta ley. c) Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden. d) Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor. e) Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea en fase de audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos. f) Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento. g) Ser oído en caso de modificación o de sustitución de medidas impuestas al menor. h) Participar en las vistas o audiencias que se celebren. i) Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta ley.
El marco procesal de menores ha evolucionado para adaptar el texto a las necesidades de la justicia juvenil y la protección de víctimas. En la discusión parlamentaria se propuso eliminar la exigencia de aprobación judicial en determinados casos, argumentando que la conciliación o reparación en menores se trata de una actividad extrajudicial y que no debe representar un obstáculo procesal. La enmienda n.º 43 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida así lo propuso, con la motivación de que parece excesivo que la conciliación o la reparación en los que la víctima es menor o incapaz, deba ser aprobada por el Juez de Menores (art.19.6 in fine) y ello porque se trata de una actividad extrajudicial, porque supondrá un obstáculo procesal o de trámite que no está previsto en la ley, y porque no va a tener relevancia en la responsabilidad civil (art.).
Con posterioridad a la entrada en vigor de la LO 5/2000, se aprobó mediante RD 1774/2004, de 30 de julio, el Reglamento de desarrollo de la misma. El art. Sin embargo, la Sección de Valencia, en su informe de este año para la Memoria de la FGE, alude a los problemas suscitados allí por la exigencia del cumplimiento de ese requisito por parte de uno de los Juzgados. Se refiere que el Magistrado devolvió varias causas a Fiscalía por ese y algún otro motivo -como discrepancias en la calificación jurídica- pretendiendo que el Fiscal continuase con el expediente, pese a ni siquiera existir en los respectivos casos acusaciones particulares. Vistas semejantes disfunciones, en previsión de que puedan reproducirse en otros lugares, y teniendo en cuenta todos los argumentos desbrozados, así como la inutilidad de la previsión legal de aprobación judicial del art. 19.6 in fine de la LORPM y su inobservancia en la práctica, se propone su supresión del texto de la LORPM y la derogación correlativa de la referencia a la «puesta en conocimiento del juez» del art.
En el nuevo texto del CP, suprimido el Libro III relativo a las faltas, solo se contemplan como infracciones punibles los delitos (art. 10 CP), que se subdividen en el art. 13 en graves, menos graves o leves, según las respectivas penas aplicables (art. - Art. - Art. - Art. - Art. - Art. - Art. - Art. - Art. Desde la Unidad Coordinadora de Menores siempre se consideró que hubiera sido deseable una adecuación legislativa del texto de la LORPM. … el Derecho Penal de menores se encuadra dentro del marco penal determinado por el CP y leyes penales especiales de adultos que le sirven de referencia. La peculiaridad de la Justicia Juvenil reside así, no en el aspecto sustantivo, sino en el procesal, integrado por la LORPM y su Reglamento. El mencionado art. La reforma del CP ha transmutado gran parte de las conductas hasta ahora tipificadas como faltas en delitos leves, para los que se mantiene, en el ámbito procesal, el diseño general del anterior juicio de faltas, que sigue regulado en el Libro VI de la LECrim con los mismos requisitos de competencia objetiva y territorial, legitimación, postulación y las mismas modalidades de enjuiciamiento que antes (vid. Circular 1/2015 Apdo. Es consecuencia lógica, por tanto, que se respete el mismo plazo de prescripción de tres meses establecido en el art. Carecería de sentido además, en este caso, acudir supletoriamente al plazo de prescripción de un año de los delitos leves previsto en el art. 131.1 del CP, pues el art. 15 LORPM señala unos plazos especiales y no admite, por ello, integración supletoria, amén de que se llegaría al absurdo, pues ese plazo de prescripción es idéntico al previsto en el art. Por todas las consideraciones anteriores y, aun manteniendo las directrices hermenéuticas del Dictamen 1/2015 del Fiscal de Sala Coordinador de Menores, se propone una reforma del texto de la LORPM, que reemplace todas las alusiones a las «faltas» por la expresión «delitos leves», con el fin de materializar una adaptación legislativa que indebidamente se soslayó en su día y por razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), desterrando definitivamente cualquier posible duda interpretativa.
Cuando un menor se enfrenta a un expediente de reforma en la Fiscalía de Menores, tanto él como sus padres suelen sentirse abrumados y desorientados. No estás solo si has recibido una citación o si tu hijo ha sido imputado en un procedimiento penal juvenil. El expediente de reforma es el procedimiento judicial que se inicia cuando un menor entre 14 y 18 años presuntamente comete una infracción penal. A diferencia del proceso penal de adultos, este procedimiento tiene una naturaleza fundamentalmente educativa y resocializadora, no punitiva. El camino que sigue un expediente de reforma en la jurisdicción de menores está claramente estructurado en la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM).
Las referencias y debates legislativos mencionados destacan que la revisión judicial de ciertos actos extracotidiarios no debe entorpecer la protección de la víctima ni la efectividad de la tutela judicial. En particular, las discusiones se centraron en la posibilidad de que el control jurisdiccional del Juez de Menores verifique la observancia de los presupuestos legales previstos en el art. 19 LORPM para el ejercicio de esa facultad por el Fiscal, es decir, la comprobación de que se trate de un delito leve o menos grave, sin violencia o intimidación graves, y que se haya concluido satisfactoriamente la conciliación, reparación o actividad, y si se cumplen, acordar el sobreseimiento mediante auto, pudiéndose rechazar la propuesta de sobreseimiento cuando no concurran tales condiciones legales.
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